Trabajadores de la Dirección General de Atención a la Población Judicializada y del Centro de Atención a la Víctima se reunieron con diputados y estipularon una agenda de trabajo que contempla la elaboración de una propuesta de escalafón propio a incluir en la Ley de remuneraciones provincial.
La iniciativa apunta a resolver los bajos salarios como la especificidad, responsabilidad profesional y riesgo funcional que la labor implica. “Terminamos siendo la mano de obra barata de la justicia”, señalaron.
Cerca de treinta trabajadores participaron de la ruenión en la que también estuvieron los legisladores Paula Sánchez, Rodolfo Canini, Soledad Martínez y Eduardo Benítez, quienes tomaron el compromiso de reunirse con la ministra de Coordinación Zulma Reina.
Además, surgió la propuesta de gestionar una reunión con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate.
Los organismos mencionados atienden a la población judicializada y a la población víctima de delitos de la provincia y se integran con profesionales psicólogos, trabajadores sociales, técnicos y personal administrativo. Denuncian vaciamiento de las estructuras, con pérdida de recurso humano capacitado y de los recursos mínimos para el funcionamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario