Los
cuestionamientos respecto de la continuidad del peaje sobre la ruta 22 tienen puntos de coincidencia con los que venimos haciendo sobre el peaje de la ruta 7 porque
en ambos casos hablamos de gobiernos que benefician a las empresas, empresas que incumplen sus obligaciones y que se enriquecen a costa de nuestros bolsillos, comunidades enteras que piden que se levanten los peajes y se liberen las rutas por las que transitamos.
La historia del peaje del corredor 29, mas conocido como peaje de la ruta 22 está plagada de irregularidades y de hechos de corrupción que tuvieron inicio en el año 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem, como parte de su plan privatizador, entrega a la empresa Caminos del Valle (UTE conformada por Burgwardt y Cia. S.A., Seminara E.C.S.A., Contreras Hnos. S.A., Esuco S.A. y Kank y Costilla S.A.) la concesión del mencionado corredor; y que fue ratificada por el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005, a través de la Carta de Entendimiento y el Acuerdo de Renegociación celebrado entre la UNIREN y la firma concesionaria por el cual se le concede a la empresa una serie de beneficios, como por ejemplo la eliminación de multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, como así también la eximición de realizar las obras faltantes, con excepción del tercer puente que, finalmente, y luego de largos años de espera fue construido, pero sin los caminos de conexión.
Esta renegociación, objetada por varios actores en la Audiencia Pública celebrada el 10/06/05, terminó en una denuncia penal formulada por el entonces Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien expresó en algunas de sus consideraciones que “de la investigación practicada en el ámbito de esta Fiscalía se desprende que en virtud de la aprobación y ratificación del acuerdo celebrado en el marco de dicho proceso se han otorgado a la empresa concesionaria ventajas indebidas que han resultado perjudiciales para los intereses del Estado Nacional, en los términos de los art. 173, inc. 7° -en función del art. 174, inc. 5° CP-, y 265 del Código Penal de la Nación”, esto es: fraude contra la Administración Pública Nacional.
La situación del peaje sobre la ruta 22 no es distinta de la del peaje de la ruta 7. Ya ha quedado a la vista que la empresa Caminos del Valle S.A. no solamente no cumplió, en 18 años de concesión, las obras que debía realizar sino que además su tasa de ganancia por el cobro del peaje ha sido al menos un 16% superior a lo estimado.
Por tales motivos, la rescisión del contrato debe ser inmediata, sin ningún tipo de resarcimiento económico y se debe levantar el peaje declarando libre al tránsito el corredor N° 29 de una vez por todas.
En este sentido presentamos pedido de informes para obtener información oficial sobre el cumplimiento de las obras comprometidas en el contrato y para saber fehacientemente si existe la posibilidad de rescición.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉNRESUELVE:
Articulo 1°.- Requerir al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) informe respecto del Corredor Vial N° 29:
a) Si la concesionaria Caminos del Valle S.A. ha cumplido con la realización de las obras a su cargo pactadas en el Acuerdo de Renegociación aprobado mediante Dto. PEN N° 1301/06.
b) Si se encuentran trabajando en la rescisión del contrato de concesión con Caminos del Valle S.A. y bajo qué condiciones.
c) Si el mencionado corredor vial volvería a manos del Estado Nacional, o bien quedaría bajo una nueva concesión. De ser así, si se cobraría peaje en algún tramo del corredor.
Articulo 2°.- Comuníquese a la Dirección Ejecutiva del OCCOVI.
FundamentosI.- Antecedentes.
En el año 1995, mediante Decreto del PEN N° 427/95 fue aprobado el contrato de concesión de obra pública con la adjudicataria UTE Caminos del Valle SA para la mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de diversos tramos de ruta del corredor vial 29, así como su mantenimiento, reparación y conservación durante el plazo de la concesión. El plazo de la concesión se estableció en dieciocho años, desde el 1 de mayo de 1995 hasta el 30 de abril de 2013.
Del pliego de condiciones particulares de la licitación y del contrato firmado con la adjudicataria, se desprende que esta última debía realizar una serie de obras iniciales (que debían estar finalizadas antes del comienzo del cobro del peaje), obras prioritarias (que consistía básicamente en el “tercer puente”) y obras diferidas. Asimismo, producto de un nuevo acuerdo, en el año 1997 fueron adicionadas nuevas obras iniciales, ampliándose así las obligaciones a cargo de la empresa.
En el año 2005, en el marco de la Ley de Emergencia N° 25.561, se produjo una renegociación del Contrato de Concesión. Al momento de iniciarse este proceso de las 23 obras a las que se había obligado la concesionaria, sólo había cumplido con 11 de ellas, todas realizadas con retraso. Asimismo, la obra del puente sobre el río Neuquén, estaba estipulada que debía tener una longitud mínima de 400 metros, el proyecto presentado por la empresa y el que fue construido, tiene una longitud de 250 metros.
Mediante esta renegociación se modificó el Plan de Obras contractual, comprendiendo únicamente la construcción del Tercer Puente –ya iniciado- y obras a determinar por el OCCOVI de aproximadamente 7 millones. Cabe destacar que la obra del tercer puente efectivamente realizada, el mismo tiene una longitud de 250 metros, y no 400 metros como se había estipulado en el contrato.
El resto de las obras a las que se había comprometido Caminos del Valle SA, nunca fueron realizadas, por lo que se relevó a la empresa de su cumplimiento, eximiéndola así mismo de cualquier penalidad. Por otra parte, el Estado Nacional dispuso efectuar un llamado a licitación para la realización de dichas obras.
Así, la empresa solo quedó obligada a una sola obra además de la del tercer puente, que sería la de Remodelación y repavimentación de Av. de Circunvalación. Por lo que durante todo el plazo de vigencia de la concesión, la empresa ha percibido un peaje y lo continúa haciendo por obras que nunca realizó. Así, cobró un dinero por obras que nunca realizó, y el Estado Nacional deberá hacerse cargo y pagar obra pública que ya han pagado todos los vecinos y vecinas que pagan a diario el peaje.
II.- Situación actual
Días atrás el diario Rio Negro publicó una nota en la que se informa que la presidenta estaría por firmar un decreto que pondría fin a la concesión del Corredor Vial N° 29. Asimismo, en una publicación del diario La Nueva Provincia del 29 de abril de 2010 en oportunidad de la presentación de UTE conformada por Benito Roggio SA y CPC como concesionaria del Corredor Vial N° 1 (Ruta 3 desde Cañuelas hasta Bahia Blanca) Oscar Elorriaga, gerente técnico de OCCOVI manifestó al referirse a obras a cargo de dicha UTE a cargo de la ruta 3 que “Una buena porción de esas obras estarán en los alrededores de Bahía Blanca, con la posibilidad, incluso, de incorporar a este corredor la ruta 22 hasta Cipolletti y Neuquén”
Así, de las notas periodísticas citadas se desprende que se rescindiría el contrato con Caminos del Valle, para incluir un tramo de la ruta 22 en la concesión otorgada a la UTE conformada Benito Roggio y CPC.
Ante esta situación, es que presentamos esta iniciativa con motivo de la incertidumbre generada y considerando la importancia que tiene para los habitantes de la provincia de Neuquén y por todos los ciudadanos y ciudadanas que atraviesan nuestra provincia. El propósito es hacer uso de esta herramienta legislativa para llevar información a toda la población neuquina, en cumplimiento del deber del Estado de brindar información y transparencia de sus acciones de gobierno.
Asimismo, esta Legislatura ya se ha expresado en Resolución N° 786 sancionada el 28 de julio de 2010, se ha requerido al Poder Ejecutivo Nacional la caducidad del contrato de concesión con Caminos del Valle SA, sin ningún tipo de resarcimiento para la empresa, y el levantamiento de todo tipo de peaje sobre la Ruta 22. Ello da cuenta que es una temática que preocupa al conjunto de la población provincial y ello se ha visto plasmado en el seno de la actual composición legislativa. Así, el presente proyecto se enmarca en miras de ahondar en esta problemática tan sensible para la población.
Por lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas nos acompañen con la presente iniciativa.
